A tres años de gestión liberal, los indicadores sociales y económicos exponen el costo de las medidas oficiales: más de 400.000 puestos de trabajo perdidos, miles de empresas cerradas, salarios desplomados y un fuerte endeudamiento, mientras el consumo masivo continúa en caída libre.

A 1.000 días de la asunción de Javier Milei como presidente de la Nación, el balance económico y social del oficialismo abre un profundo interrogante sobre el impacto real del plan de ajuste. Mientras el Gobierno Nacional destaca como principal logro la desaceleración inflacionaria —tras el pico de 25,5% mensual registrado en enero de 2024— y la contención del riesgo país, los datos cotidianos de la economía real y del mercado de trabajo reflejan un escenario de fuerte contracción, deterioro salarial y precarización. Como avisamos los más escépticos a las promesas de campaña del 2023: el ajuste no lo iba a pagar la casta, lo iban a hacer el pueblo trabajador, tal cual como está sucediendo.

Al cumplirse los primeros 1.000 días de la gestión de Javier Milei —período que abarca desde diciembre de 2023 hasta septiembre de 2026, el cual avisamos porque parece que el gobierno sigue de campaña electoral—, el modelo económico implementado en todo el territorio de la República Argentina ha generado un fuerte impacto en los sectores trabajadores, jubilados, PyMEs e industriales. La ejecución de un plan de ajuste fiscal, la desregulación de precios y tarifas y la apertura económica priorizaron el equilibrio financiero por sobre la producción y el consumo interno, golpeando con mayor intensidad a los cordones industriales, los comercios de proximidad y las economías regionales.

Como consecuencia directa de este rumbo, que además transcurre en paralelo con un gabinete nacional salpicado por denuncias de corrupción, se registró la destrucción de 411.613 empleos registrados y el cierre de 30.633 empresas en todo el país. Este escenario de profunda contracción se vio acompañado por una caída histórica en el poder adquisitivo y por un récord de endeudamiento tanto externo como doméstico.

EMPLEO, INDUSTRIA Y EMPRESAS EN ROJO

El mercado laboral formal sufrió un golpe severo durante estos 1.000 días. Según datos procesados por CEPA en base a la SRT y el SIPA, se perdieron 411.613 puestos de trabajo registrado, lo que promedia 450 empleos menos por día. La desocupación trepó del 5,7% al 7,8% (un incremento del 37%), alcanzando a 1.765.000 personas sin trabajo, a lo que se suma una informalidad laboral que afecta al 44,2% de los ocupados.

El sector industrial y la construcción, a pesar de su llamado abierto a elegir las medidas liberales nuevamente, se llevan también su regalo de parte de Milei: se destruyeron 97.312 empleos industriales, 80.399 en la construcción y 72.480 en transporte. En paralelo, 30.633 empresas cerraron sus puertas en todo el país (una tasa de 33,5 firmas por día), afectando especialmente a 8.408 comercios y 6.733 empresas de transporte.

SALARIOS PULVERIZADOS Y JUBILADOS AJUSTADOS

El poder de compra de la población continuó en caída. El salario mínimo real registra una contracción del 40,8%, ubicándose en $383.800 frente a los $1.158.888 necesarios para recuperar el valor adquisitivo que tenía en noviembre de 2023. Los salarios registrados acumulan una baja del 8,2% y los empleados públicos nacionales sufrieron una reducción del 37% en términos reales.

Por su parte, los jubilados perdieron el 23% de su poder de compra y una media de $153.148 mensuales por pasivo, en un contexto donde el 63% percibe la jubilación mínima y el bono de $70.000 se mantuvo congelado durante 30 meses.

INFLACIÓN Y AUMENTO DE TARIFAS

Uno de los aspectos más críticos del plan económico oficial ha sido la fuerte disparidad entre la desaceleración de la inflación general y el ritmo desmedido de los aumentos en servicios públicos y combustibles. A pesar de los anuncios gubernamentales sobre la contención de precios, rubros esenciales como la energía eléctrica, el gas y los insumos de transporte se multiplicaron muy por encima del promedio general, pulverizando el poder de compra de los hogares.

En el caso de los combustibles, la carga impositiva y los valores en surtidor escalaron de forma exponencial, impulsados por una actualización de impuestos que triplicó su peso real en el precio final de cada litro. Esta dinámica tarifaria, sumada a la quita de subsidios a las tarifas de luz y gas —con subas que en algunos servicios básicos acumularon hasta ocho veces su valor inicial—, profundizó el ahogamiento financiero de las familias y la pérdida de competitividad de la economía cotidiana.

CONSUMO, DEUDA Y CUESTIONAMIENTOS DE GESTIÓN

El consumo masivo acumula su séptima caída interanual consecutiva, con desplomes del 10,3% en supermercados y del 16,9% en autoservicios mayoristas. Ante la falta de ingresos, las familias recurrieron al endeudamiento: la morosidad en billeteras virtuales trepó al 33,9% y la bancaria al 13%, destinando préstamos principalmente al pago de alimentos, medicamentos y servicios básicos.

En el plano macroeconómico, la deuda externa del Estado subió a USD 321.783 millones (INDEC), la privada creció a USD 112.716 millones (BCRA), y el dólar oficial escaló desde los $390 del final de la gestión anterior hasta los $1.529 registrados por el Banco Central a septiembre de 2026. A esto se le suman cuestionamientos por el costo de las giras presidenciales —con 44 viajes que demandaron 135 días fuera del país y un gasto de $6.276 millones— y crecientes denuncias judiciales por supuestos hechos de corrupción que involucran a funcionarios de primera línea y familiares del entorno presidencial.

La próxima, no votes según lo que te dicen los bots de las redes sociales, sino con la realidad de tu contexto.