El gobierno de Javier Milei busca aprobar un proyecto de ley que flexibiliza la venta de tierras rurales a extranjeros en Argentina. La iniciativa eleva los topes de adquisición provinciales, desprotege recursos hídricos estratégicos y genera alarma por el impacto directo en la soberanía nacional.

¿Qué propone la nueva normativa?

El proyecto de la llamada Ley de Extranjerización de Tierras o de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que busca sancionar el gobierno nacional, avanza sobre dos ejes preocupantes. En primer lugar, eleva el tope de tierras en manos de extranjeros al 25 % y lo convierte en un límite estrictamente provincial. La ley vigente no solo fija parámetros nacionales y provinciales, sino que también establece un tope por departamento, entendiendo que la concentración de tierras ocurre en territorios específicos y no en el promedio general de una provincia.

Específicamente, el inciso “C” del artículo 25 del proyecto de ley en borrador establece «la prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas, de nacionalidad extranjera, por encima del veinticinco por ciento (25 %) en el territorio de cada provincia». En concreto, esto significa que un inversor extranjero podría ser dueño del 100 % de un departamento provincial, sin que eso supere el 25 % provincial propuesto por el presidente.

La urgencia de Milei por aprobar esta ley responde a que ya cuenta con una lista de personas interesadas en comprar. Quienes buscan adquirir suelo argentino tienen en la mira recursos estratégicos: minerales, humedales, agua dulce, los paisajes de la Patagonia y sus recursos forestales.

Asimismo, el proyecto elimina las restricciones específicas para tierras con espejos de agua y zonas ribereñas; es decir, deja de existir una protección particular sobre lagos, ríos y otros cursos hídricos. Lo mismo ocurre con las zonas de frontera. El proyecto sigue avanzando en la flexibilización de un régimen que, históricamente, mantuvo controles especiales por razones de soberanía y seguridad.

Con esta modificación, ya no aparecen las restricciones del 30 % por nacionalidad, ni los topes para la adquisición de tierras en la zona núcleo de 1.000 hectáreas (o sus equivalentes, según la región).

Otro cambio crítico es que se elimina la obligación de informar las operaciones al Registro Nacional de Tierras Rurales. La información quedaría únicamente en los registros inmobiliarios provinciales, lo que dificultará el seguimiento y control del proceso de extranjerización a nivel federal.

El escenario actual y las regiones en alerta

El gobierno nacional busca eliminar de cuajo los principales límites a la propiedad extranjera de tierras rurales. Hoy, la ley pone un freno: los extranjeros no pueden controlar más del 15 % de las tierras rurales y un mismo titular tampoco puede superar las 1.000 hectáreas en la zona núcleo.

No está prohibido venderles tierra a extranjeros, la legislación actual lo permite; pero establece cuánto y protege las zonas limítrofes y con reservas de agua. Con el nuevo proyecto, personas y empresas extranjeras tendrían las mismas condiciones que las argentinas para comprar tierras, sin siquiera especificar un fin productivo.

Es fundamental comprender que la tierra no es solamente tierra. Puede ser agua dulce, minerales estratégicos, bosques, puertos y vías de circulación. Cuando se vende la tierra, se discute quién controla esos recursos.

Actualmente, Argentina tiene más de 13 millones de hectáreas en manos extranjeras. Esto representa casi el 5 % de sus tierras rurales (una superficie similar a la de Inglaterra). Sin embargo, el promedio nacional oculta dónde están esas tierras. Existen 36 departamentos que ya superan el límite legal del 15 %. En distritos como Puerto Libertad (Misiones), Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja), y puntualmente en Molinos y San Carlos (Salta), la propiedad extranjera excede el 50 %.

Esta no es una discusión hipotética. El Grupo Benetton posee cerca de 900.000 hectáreas en la Patagonia, mientras que Joe Lewis controla miles de hectáreas alrededor del Lago Escondido.

Mientras tanto, las principales potencias del mundo ponen límites. Suiza y Brasil restringen las compras y Nueva Zelanda evalúa minuciosamente si las inversiones sobre tierras sensibles benefician realmente al país. Atraer inversiones no obliga a vender sin límites.

La discusión de fondo no es solamente quién tiene derecho a comprar, es qué territorios y qué recursos decide proteger el país.

Tenemos que impedir que esto se apruebe. Argentina no se vende. No a la Ley de Extranjerización.