El país del altiplano lleva 20 días de una creciente conflictividad social, con al menos 25 puntos de bloqueo activos en rutas clave, y un saldo de cuatro muertos desde el inicio de las protestas contra el gobierno del presidente derechista Rodrigo Paz.

Un masivo estallido social mantiene en jaque al gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira, a solo seis meses de haber asumido el poder. Una coalición de organizaciones sindicales, campesinas e indígenas mantiene bloqueadas las principales rutas del país y cercados los accesos a la capital administrativa en rechazo a un severo plan de ajuste económico. Las protestas, que ya llevan semanas consecutivas y amenazan con paralizar la economía nacional, han sumido a Bolivia en una profunda crisis política tras la decisión del Ejecutivo de mantener el rumbo de sus reformas de corte liberal y denunciar intentos de desestabilización democrática.

Los cuatro focos del conflicto económico

El malestar popular que hoy se vuelca a las calles se sostiene sobre cuatro pilares críticos que han asfixiado la economía doméstica y productiva en tiempo récord:

1. Fin de la subvención a los combustibles
   El detonante directo de las movilizaciones fue la eliminación histórica del subsidio estatal a los hidrocarburos (popularmente denominado el «gasolinazo»). La medida buscaba aliviar el déficit fiscal del Estado, pero provocó un incremento inmediato y exponencial en los precios de la gasolina y el diésel, impactando de forma directa en las tarifas del transporte de pasajeros y de carga pesada.
2. Crisis energética y desabastecimiento
   A pesar del ajuste de precios orientado a normalizar el mercado, la falta de divisas y los problemas logísticos agudizaron el desabastecimiento. Las imágenes de filas kilométricas de camiones, colectivos y vehículos particulares en las estaciones de servicio se volvieron postales cotidianas. Esta parálisis energética golpeó severamente al sector agrario e industrial, deteniendo la cadena de distribución de alimentos básicos.
3. Escalada de la inflación
   El encarecimiento del combustible y la falta de insumos provocaron un efecto dominó sobre los precios de la canasta básica familiar. La inflación, disparada en los últimos meses, redujo drásticamente el poder adquisitivo de la población en un contexto de devaluación indirecta, generando un clima de asfixia económica en los sectores de menores ingresos y trabajadores informales.
4. Medidas fiscales antipopulares
   El descontento se transformó en indignación política tras la aprobación del primer paquete legislativo del Ejecutivo. El Gobierno eliminó cuatro tributos clave —incluyendo el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF) y gravámenes a las transferencias financieras— argumentando la necesidad de atraer inversiones privadas y reactivar la economía. La oposición y los movimientos sociales catalogaron la reforma como «antipopular», denunciando que el Gobierno bajó los impuestos a los ricos mientras subía indirectamente la presión económica sobre los más pobres.

Quiénes lideran la resistencia en las calles

La protesta social no responde a un único liderazgo, sino a la confluencia de sectores tradicionales del sindicalismo boliviano que han unificado sus pliegos de peticiones:

Central Obrera Boliviana (COB): La máxima matriz sindical del país es la encargada de coordinar los paros generales y exigir la restitución de las subvenciones y mejoras salariales de emergencia.

Confederaciones de Maestros: Tanto el sector urbano como el rural se mantienen en huelga, denunciando el impacto de la inflación en sus salarios y los recortes presupuestarios en áreas sociales.

Sindicatos de Transportistas: Afectados directos por el «gasolinazo» y la escasez de diésel, controlan los puntos de bloqueo clave en las rutas interdepartamentales.

Movimientos Indígenas y Campesinos: Mantienen el cerco a las capitales, sumando al reclamo económico demandas históricas de soberanía territorial y acusando al mandatario de gobernar de espaldas al campo.

Mientras el país permanece semiparalizado, el presidente Rodrigo Paz Pereira ratificó que no cederá ante las presiones del sector vial y acusó a facciones radicales de buscar un golpe de Estado. Sin canales de diálogo institucional abiertos y con las fuerzas de seguridad desplegadas en puntos estratégicos, Bolivia afronta una de sus semanas más determinantes de los últimos años.

Al igual que en Argentina, Rodrigo Paz Pereira aprovecha para echarle culpas a Evo Morales sobre la situación, aunque el líder indígena no gobierna desde el año 2019 y además no fue él quien implementó el paquete de medidas antipopulares y proempresariales. Cabe recordar también que la legitimación del ascenso de Paz Pereira a la presidencia es bastante débil, ya que si bien ganó la segunda vuelta, el ausentismo y el voto en blanco, superó el 40% del padrón.

Por: Fernando Barbarán