Mientras el ajuste fiscal golpea el bolsillo de los argentinos, una filtración revela que altos mandos del Gobierno Nacional y legisladores de La Libertad Avanza accedieron a millonarios créditos hipotecarios en el banco estatal. Entre la investigación judicial y la contradicción ética de un discurso anti-Estado que se sirve de sus beneficios.

Créditos millonarios para pocos

La retórica de la austeridad y el desmantelamiento del Estado que construye el gobierno a través de redes sociales y el monopolio comunicacional, parece tener una excepción de privilegio: el acceso al crédito. En las últimas semanas, el Banco de la Nación Argentina (BNA) quedó en el ojo de la tormenta tras conocerse que otorgó créditos hipotecarios UVA por montos exorbitantes a funcionarios de primera línea y legisladores del oficialismo.

La lista de los beneficiados

Estos son los nombres y montos que integran el expediente que hoy analiza la justicia:

Funcionario / Legislador	Cargo	Monto (en Pesos)
Juan Pedro Inchauspe	Director del BCRA	$510.654.000
Felipe Núñez	Asesor / Funcionario BICE	$475.000.000
Federico Furiase	Secretario de Finanzas	$376.059.000
Federico Sharif Menem	Dir. Secretaría Privada Diputados	$357.168.000
Santiago Santurio	Diputado Nacional (LLA)	$340.000.000
Mariano Campero	Diputado Nacional (UCR)	$322.000.000
Emiliano Mongilardi	Director de YPF	$309.507.000
Alejandro Bongiovanni	Diputado Nacional (PRO)	$255.000.000
Nazarena Menem	Empleada AGN	$236.000.000
Lorena Villaverde	Diputada Nacional (LLA)	$227.000.000
Juan Pablo Carreira	Dir. de Comunicación Digital	$113.000.000

Bajo la lupa de la Justicia

El escándalo ya escaló al plano judicial. El juez federal Daniel Rafecas lidera una investigación para determinar si existió negociación incompatible con la función pública o tráfico de influencias. Se busca establecer si estos funcionarios, por su rol de «Personas Políticamente Expuestas» (PEP), saltearon requisitos que al ciudadano común le significarían un rechazo inmediato, especialmente considerando la relación cuota-ingreso necesaria para pagar préstamos de tal magnitud.

¿El Estado es el problema o la solución para ellos?

Resulta, cuanto menos, paradójico. El relato oficial se sostiene sobre dos pilares: que el Estado es una «organización criminal» y que la «casta» debe pagar el costo del ordenamiento económico. Sin embargo, cuando se trata de la vivienda propia, los cruzados anti-Estado no acuden a la banca privada ni esperan a que el mercado se regule solo: hacen fila en la ventanilla del banco que iban a privatizar.

Mientras la clase media y las clases populares ven cómo el sueño de la casa propia se diluye entre alquileres impagables y salarios que no cubren la canasta básica, los encargados de ejecutar el ajuste acceden a financiamientos de privilegio. Esta contradicción no es solo estética; es una falla ética que resuena con fuerza en una sociedad a la que se le pide sacrificio mientras sus representantes aseguran su patrimonio personal utilizando las herramientas de ese mismo Estado que dicen despreciar.

No obstante, la gente asegura que se terminaron los privilegios, porque no quieren ver que simplemente fue un cambio de nombres en la lista de beneficiarios de siempre.